CONFIEP

  • No debe haber licencia de construcción sin licencia social

    El fantasma del expresidente Alan García asoma en este nuevo conflicto por el proyecto minero Tía María. Durante su último mandato, en 2011, hubo tres muertos y decenas de heridos por balas de la Policía Nacional. El gobierno de Ollanta Humala siguió el mismo derrotero. En 2015, asesinaron a dos.

    Sin embargo, los conflictos se remontan a 2003, fecha en que Southern inició la exploración minera. Desde entonces, han pasado 16 años de negativas ante este proyecto.

    Aun así, el gobierno de Martín Vizcarra comete el error de otorgar la licencia de construcción a la empresa, insistiendo en la línea de los presidentes que lo precedieron, y que actualmente han sido requeridos por la justicia.

    Lo peor es que lo hace desconociendo la premisa máxima de que no debe haber licencia de construcción si es que no hay primero licencia social.

    Esta imposición del poder del capital forma parte de la política neoliberal que el Gobierno quiere implantar sustentándolo en la nefasta Política Nacional de Competitividad y Productividad, vía Decreto Supremo 345-2018-EF, la misma que considera los derechos laborales como gastos superfluos y a los trabajadores como seres humanos descartables.

    Tanto la Política de Competitividad como el proyecto Tía María han sido exigidos explícitamente por la CONFIEP al presidente Martín Vizcarra, conjuntamente con la ampliación del régimen laboral con derechos reducidos en la agricultura. No son cosas aisladas, todas corresponden a un interés empresarial en desmedro de la población en general.

    Por eso, los trabajadores alzaremos nuestra voz de lucha en las calles este 25 de julio, durante la Jornada Nacional de Lucha convocada por la CGTP para demandar al Gobierno un alto a la política de imponer a sangre y fuego los caprichos del empresariado.

    Demandaremos respeto a los derechos laborales, aumentos de salarios y pensiones y cese al mecanismo de imponer a sangre y fuego los caprichos de la CONFIEP, algo que nos recuerda la política del perro del hortelano del extinto Alan García.

    (Tomado del diario UNO, del 22 de julio de 2019, http://diariouno.pe/columna/no-debe-haber-licencia-de-construccion-sin-licencia-social/)

  • Paquetazo laboral solo beneficiaría a la gran empresa

     

     

    Los trabajadores de construcción civil de los 193 sindicatos afiliados a la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) salieron a marchar el pasado 15 de enero en todo el país para exigir la reactivación de la industria de la construcción y rechazar la flexibilización laboral.

     

    Ya desde la CADE 2018 el presidente Martín Vizcarra anunció que era necesario reducir los costos no salariales para la formalización laboral, desconociendo derechos adquiridos, lo que va en la línea de los empresarios y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Lo mismo hicieron otros miembros del Ejecutivo, lo cual es un error.

     

    El Ejecutivo se equivoca al promover la propuesta de una reforma laboral al gusto de la CONFIEP, pues con esta se beneficiaría al empresariado profundizando la sobreexplotación laboral.

     

    La corrupción, que tanto daño nos está haciendo, ha sido sostenida por la alianza entre algunos empresarios y ciertos funcionarios corruptos, con coimas que se generaron arrebatando dinero al Estado y a los ciudadanos. La reforma laboral plantea la misma fórmula: generar ganancias dejando de pagar al Estado y a los trabajadores.

     

    La formalización laboral se incrementará solo cuando exista una verdadera fiscalización a las empresas y sanciones penales para los malos empresarios que, incumpliendo las normas, generan competencia desleal.

     

    En construcción civil, por ejemplo, las empresas subcontratistas desconocen los derechos laborales y ni las municipalidades, los gobiernos regionales, la SUNAFIL o el Ministerio de Trabajo fiscalizan el cumplimiento de las normas laborales vigentes.

     

    Construcción civil exige respeto a la negociación colectiva por rama, recuperar la jubilación en construcción con 15 años de aportes al sistema pensionario, sancionar la informalidad de los subcontratistas, así como la reactivación del sector destrabando los proyectos aprobados y generar trabajo para los miles de obreros del andamio.

     

    Asimismo, demandamos la anulación de los registros sindicales a los seudosindicatos que sirven de fachada para los delincuentes.

     

    (Tomado del semanario PERFIL del 20 de enero de 2019. Columna EN CONCRETO, por Luis Villanueva Carbajal, secretario general adjunto de la FTCCP) 

     

  • Trabajadores con el pueblo por una política decente

    Por: Luis Villanueva Carbajal

    El proyecto de adelanto de elecciones generales planteado por el Ejecutivo es un golpe inesperado contra la corrupción y el Congreso, dominado por la alianza fujiaprista.

    Debemos remarcar, sin embargo, que no se trata de que el presidente Martín Vizcarra haya escuchado a los peruanos, que demandaban cierre del Congreso, Asamblea Constituyente para una nueva Constitución al servicio de los peruanos y elecciones generales para que se vayan todos los corruptos y explotadores. En ese orden.

    Se trata, más bien, de que el presidente está utilizando a su favor la animadversión hacia el Congreso, catapultando a las masas contra sus enemigos políticos, mientras a hurtadillas implanta una reforma laboral digitada por la CONFIEP y dañina a los intereses de los trabajadores.

    Por ello, los peruanos vienen movilizándose en todo el país demandando la derogatoria del D.S. 345-2018-EF, la Agenda País de la CONFIEP y el D.S. 237-2019-EF, que pretende eliminar los derechos laborales obtenidos durante años de luchas.

    Vizcarra no tomó en cuenta, además, las demandas de trabajadores y los pueblos afectados por la minería dedicados a la agricultura como medio de vida y desarrollo de sus comunidades, como Las Bambas (que reclaman un mineroducto subterráneo), Morococha, Michiquillay, Yanacocha, y del Valle del Tambo, que esperan la cancelación de la licencia de construcción otorgada a la Southern para el proyecto Tía María.

    Los trabajadores de construcción civil expresamos nuestra solidaridad con los pobladores del Valle del Tambo, y las otras poblaciones que defienden su medio agrícola; apoyamos la acción de la CGTP, las federaciones y sindicatos; exhortamos a los colectivos y poblaciones regionales, así como a las fuerzas políticas progresistas y de izquierda, a movilizarse permanentemente, para derrotar a las fuerzas oscuras que explotan a los trabajadores.

    Esto nos obliga a redoblar esfuerzos para avanzar en la unidad de las fuerzas progresistas, de izquierda, democráticas y antiimperialistas para garantizar una presencia política importante en el Gobierno y así poder impulsar los cambios que demanda el pueblo.

    Así lo está entendiendo el pueblo y los trabajadores, y hemos decidido participar en la construcción de una alternativa política diferente que gobierne en beneficio de las grandes mayorías.

    (Tomado del diario UNO, edición del 5 de agosto de 2019. Columna En Concreto).