Congreso de la República

  • Exigimos pensiones para todos en el bicentenario

    Por: Luis Villanueva Carbajal



    Se calcula que fueron más de 10,000 los trabajadores movilizados en Lima desde la Plaza San Martín hacia el Congreso de la República en la Jornada Nacional de Lucha del 5 de noviembre convocada en todo el país por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP).

    La CGTP ha denunciado la política de pauperización de la clase trabajadora intensificada durante la pandemia con la “suspensión perfecta de labores” y ceses colectivos, y despidos sin lugar a reposición, mantenimiento de regímenes de explotación como el agrario o el CAS, entre otras medidas, así como el despilfarro del erario nacional en programas que no han detenido el avance del covid-19 ni reactivado la economía del país.

    Construcción Civil se movilizó en demanda de la reactivación de la construcción, debido a que solo 86,000 trabajadores de 450,000 están laborando; lucha frontal contra la delincuencia en obras que recurre a la extorsión y el sicariato; alto a la informalidad laboral en construcción, sector donde se vulneran derechos y pagan salarios por debajo de lo que la ley manda, esto incluso en obras públicas licitadas por organismos del Estado y pagadas con el dinero de todos los peruanos.

    Otro punto de nuestra agenda es el restablecimiento de la jubilación con 15 años de aporte y 55 años de edad en construcción civil, derecho conculcado por la dictadura fujimorista. Ese derecho nos fue concedido por la eventualidad del trabajo y el alto envejecimiento prematuro comprobado de los obreros de la construcción civil. Tras los cambios de la dictadura fujimorista en el sistema de pensiones, que exigió 20 años de aportes a todos, solo el 9% de los obreros del sector pudo jubilarse en el sistema público. El sistema privado no ofrece ninguna garantía de una pensión digna.

    Ante ello, meses atrás, hemos expuesto en el Congreso de la República la propuesta de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú para la reforma integral del sistema de pensiones. Esperamos que esta propuesta sea recogida por los parlamentarios de tal manera que para el bicentenario de la República no exista ningún peruano sin pensiones dignas.

  • No a las invasiones, construyamos formalidad

    Las instituciones que suscribimos este pronunciamiento, representantes de los sectores laborales, profesionales y empresariales de la actividad constructora en el país, nos dirigimos al señor presidente de la República, al Congreso Nacional y a la ciudadanía en general para expresar nuestra oposición a la ley recientemente aprobada que dispone la ampliación de los plazos para la titulación de terrenos ocupados por posesiones informales. Esta ley es la más reciente expresión de una política de regularización de invasiones de tierras que el Estado peruano ha llevado adelante desde hace seis décadas y que ha fracasado como generadora de bienestar en la población más pobre del país.
    Asimismo, dicha política de regularización tiene graves consecuencias económicas, sociales, ambientales e institucionales en nuestras ciudades, pues impiden la provisión oportuna y económica de servicios básicos; dificultan la conexión vial y la articulación de la ciudad; producen escasez de espacios públicos y áreas verdes; propician la segregación espacial; incrementan la contaminación ambiental y constituyen el caldo de cultivo para la violencia y la inseguridad ciudadana.
    Además, la prevalencia de estas actividades en nuestro país pone en grave peligro la institucionalidad democrática e incentiva la corrupción. Quienes lucran con la informalidad son mafias delincuenciales que han adquirido un poder significativo, infiltrando sobre todo a las entidades públicas encargadas de combatirlas, pero también han adquirido presencia política sobre todo en los gobiernos locales y regionales y se aprovechan de personas necesitadas de vivienda.
    Como consecuencia de esta política, más del 93% de la expansión producida en nuestras 43 principales ciudades en los últimos veinte años, corresponde al tráfico de tierras o a lotizaciones informales. Este modelo perverso que afecta en mayor medida a los más pobres, debe terminar. Más que combatir la informalidad urbana, es indispensable generar incentivos para construir formalidad.
    Para ello es indispensable poner en marcha una estrategia de desarrollo urbano sostenible que reconozca la diversidad de problemas y oportunidades que plantean nuestras ciudades e incluya tanto la densificación urbana en sus zonas consolidadas como el mejoramiento de barrios marginales y, allí donde sea razonable y necesaria para reducir el tráfico de tierras, la generación de suelo formal en áreas de expansión urbana, asegurándose que en todos estos ámbitos exista una oferta sostenible de vivienda social. Ello exige cuando menos:
    a) Promover la planificación urbano-territorial, el sistema de catastros y la provisión de suelo formal, tanto público como privado, para la producción de vivienda social y equipamientos urbanos.
    b) Articular las inversiones en infraestructuras y servicios públicos con los objetivos de desarrollo urbano formal y de generación de oferta de vivienda, especialmente de aquella dirigida a la población de menores ingresos.
    c) Impulsar el perfeccionamiento de los procedimientos administrativos de urbanización y edificación, así como la coordinación de competencias entre los diferentes niveles de gobierno, buscando promover la calidad y la seguridad de las construcciones.
    d) Fortalecer los programas estatales y créditos habitacionales, dotándolas de recursos suficientes para atender de manera efectiva el déficit actual y la demanda futura de vivienda social.
    e) Implementar una política de innovación e investigación en la actividad constructora, que estimule el empleo de tecnologías que permitan contar con edificaciones e infraestructuras apropiadas en términos económicos, sociales y ambientales.
    f) Incentivar la formalización laboral, el fortalecimiento de la representación sindical y la mejora continua de competencias de empresas, profesionales y trabajadores de la construcción.
    Llevar adelante una estrategia de esta magnitud y complejidad exige el consenso de actores públicos y privados, así como la asunción de compromisos de largo plazo. Pero es indispensable que estos esfuerzos se inicien lo más pronto posible. Por eso solicitamos al señor presidente de la República que observe esta Ley y al Poder Legislativo que, en lugar de aprobarla por insistencia, promueva un diálogo abierto que permita perfeccionarla y orientarla hacia los objetivos de transformar nuestras ciudades en competitivas e inclusivas y de impulsar la construcción sostenible.
    Nos comprometemos a participar en este diálogo y a efectuar todos los esfuerzos necesarios para alcanzar el consenso que haga viable estas iniciativas.
    Lima, 12 de octubre del 2020
    Colegio de Arquitectos del Perú – CAP
    Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú – FTCCP
    Cámara Peruana de la Construcción - CAPECO