Boluarte y Otárola reviven métodos de la dictadura

Con alrededor de 60 muertos en menos de 50 días de protesta, Dina Boluarte y su primer ministro, Alberto Otárola, debieran entender que las tácticas usadas, parecidas a las técnicas fujimontesinistas de los años 90, no darán resultado para amenguar la crisis política.

Por el contrario, los dirigentes de las regiones más olvidadas del país que vienen a protestar a Lima reclaman una mayor contundencia en la protesta, y poco a poco se unen más regiones, organizaciones sociales, colectivos artísticos, trabajadores, estudiantes, entre otros.

La represión une aún más a los peruanos contra un gobierno que los mata, los hiere, los enmarroca, les roba las donaciones, los gasea en sus marchas pacíficas, les siembra infiltrados para azuzar la violencia, entre otras tácticas sucias propias de una dictadura.

Solo para hacernos una idea del afán asesino de las intervenciones policiales, un reportaje del portal Salud con Lupa, del 16 de enero, reveló que el tórax y abdomen son las áreas más impactadas por balas de la policía. De hecho, los tres menores de edad asesinados hasta la fecha fallecieron por balas en el tórax.

Estos crímenes de lesa humanidad no fueron materia del mensaje que Boluarte brindó tras el Paro Nacional del 19 de enero; por el contrario, criminalizó la protesta, amenazó con abrir carpetas fiscales a los manifestantes junto con la Fiscalía y la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).

A Boluarte y Otárola, denunciados ante la CIDH por crímenes de lesa humanidad, les conviene más renunciar ahora antes de que su situación empeore.

La solución al problema, como siempre, es atender las demandas del pueblo, es decir su agenda, que hoy no es social, sino netamente política: la renuncia de Boluarte y Otárola, la recomposición de la Mesa Directiva del Congreso, elecciones generales en 2023 y referéndum para una Asamblea Constituyente.

Por: Luis Villanueva Carbajal

Secretario general de la FTCCP