CIDAP plantea banco de suelos para vivienda social de trabajadores

El acceso a una vivienda digna continúa siendo una deuda para miles de familias trabajadoras, aseguró José Mangini, director del Centro de Investigación, Documentación y Asesoría Poblacional (CIDAP), quien sostuvo que el Estado debe recuperar una política pública de vivienda social que considere suelo urbano, subsidios, planificación y asistencia técnica, especialmente para trabajadores en construcción civil.

En entrevista en El Constructor, programa informativo digital de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), explicó que la vivienda fue reconocida como derecho en la Constitución de 1979, pero dejó de estar expresamente contemplada como tal en la Constitución de 1993. Aunque existen normas que mencionan la vivienda adecuada y de interés social, advirtió que el problema está en la posibilidad real de exigir y garantizar este derecho.

Una de las principales barreras es el acceso al suelo. El crecimiento de Lima hacia zonas periféricas, la falta de habilitación urbana y la especulación han empujado a numerosas familias hacia áreas de riesgo. A ello se suma el tráfico de tierras, fenómeno que, según explicó, está vinculado a situaciones de violencia e inseguridad.

“Una vivienda de interés social no encuentra un suelo donde poder realizarse y se encuentra más bien con especulación y tráfico de tierras”, afirmó Mangini, al cuestionar que los programas habitacionales no estén acompañados por una política suficiente de generación y habilitación de suelo urbano.

El director del CIDAP planteó que el Estado debe establecer una política de planificación urbana para las familias trabajadoras, articulando a los gobiernos locales, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales y otras instituciones para identificar terrenos disponibles y destinarlos a proyectos de vivienda social. “Hay que buscar suelos, hay que generar un banco de suelos. Esta es una propuesta antiquísima, no es de ahora”, señaló.

La propuesta también contempla mejorar los subsidios habitacionales. Mangini consideró insuficiente una política que limite el apoyo estatal a pequeñas ampliaciones o módulos cuando las familias requieren viviendas seguras, habitables, con servicios y ubicadas en zonas adecuadas.

La problemática adquiere una dimensión particular para los trabajadores de construcción civil. El empleo en el sector tiene periodos de actividad y paralización, lo que dificulta sostener ingresos permanentes y acceder al crédito. La contradicción es evidente: quienes construyen viviendas y ciudades encuentran obstáculos para acceder a una vivienda propia.

Para el CIDAP, garantizar el derecho a la vivienda exige superar una visión limitada al crédito individual y colocar al Estado como articulador de una política integral. Para los trabajadores de construcción civil, el desafío forma parte de una demanda histórica: que el crecimiento urbano y la inversión pública también se traduzcan en condiciones dignas de vida para quienes construyen el país.