Construir penales: justicia, seguridad y trabajo

Crece la cifra alarmante de extorsiones, sicariato y amenazas que golpean a sectores como el comercio, el transporte y la construcción, lo que evidencia la falta total de una estrategia de todo el aparato del Estado para enfrentar este flagelo.

Medidas erráticas y anuncios populistas, con los órganos encargados de brindar justicia enfrentados, como lo son el Ministerio del Interior y el Ministerio Público, no permite una verdadera lucha contra el crimen. Los delincuentes se organizan mejor que las instituciones del Estado.

Lógicamente, la responsabilidad política está en el Gobierno. Y aquí el Ejecutivo tiene un papel preponderante. Sin embargo, anuncios como su intención de retirar al Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos es una idea distractora sobre las reales acciones y políticas públicas que deben orientar a combatir la criminalidad con inteligencia policial, trabajo coordinado entre las instituciones de justicia, reforma del sistema penitenciario, entre otros.

El Gobierno ha anunciado con bombos y platillos la construcción de un penal en la isla de El Frontón, pero si queremos construir centros penitenciarios, empecemos por reactivar las obras de los penales de Ica, Chincha, Arequipa, Pucallpa y Cajamarca, paralizados desde hace años. Estas construcciones son importantes por dos motivos: forma parte del sistema de justicia y brindaría trabajo a los miles de obreros desocupados en la actualidad.

El sector construcción ha sido duramente golpeado no solo por la violencia, sino también por el abandono de proyectos paralizados, la falta de inversión pública efectiva y políticas claras de desarrollo urbano y de infraestructura.

Reactivar la construcción con sentido estratégico, es decir, con proyectos que mejoren la seguridad ciudadana, modernicen la infraestructura penal y generen empleo formal, debe ser parte de una agenda nacional responsable y urgente. El país no necesita anuncios, sino acciones que integren justicia, seguridad y trabajo digno.

Por: Luis Villanueva Carbajal
Secretario general FTCCP