Debemos desmantelar el aparato legal procrimen

Los criminales se ríen nuevamente del estado de emergencia impuesto por el gobierno en Lima y Callao, y, lo que es peor, han continuado extorsionando y asesinando a quien se rehúsa a pagar el cupo, llegando a bordear los cien muertos por sicariato durante el gobierno de José Jerí.

El asesinato de transportistas, bodegueros, emprendedores, entre otros, no nos es ajeno. En construcción civil tenemos 26 dirigentes de sindicatos afiliados a la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) asesinados por enfrentarse a las mafias que cobran cupos.

El problema radica en que no se implementa una política adecuada para erradicar la corrupción de los aparatos del Estado ni una política efectiva para enfrentar con éxito a las organizaciones criminales. El estado de emergencia no ataca las raíces estructurales de la inseguridad: deficiencias en la investigación criminal; corrupción y falta de recursos; un marco legal que protege a los criminales, entre otros.

Y es precisamente en el ámbito legislativo, con respaldo del Ejecutivo, donde se ha gestado una de las mayores amenazas a la seguridad: la aprobación de leyes que, bajo el pretexto de mejorar o “racionalizar” procesos, terminan debilitando las herramientas del Estado contra el crimen organizado y la corrupción. Estas normas han sido catalogadas, con razón, como “leyes procrimen” por diversos sectores de la sociedad civil y la justicia.

Entre las normas más cuestionadas se encuentran la que reduce los plazos de la colaboración eficaz; la que transfiere investigaciones preliminares a la Policía, mermando el rol de dirección jurídica del Ministerio Público; la que impide procesar a partidos políticos como organizaciones criminales, la que restringe la detención preliminar sin flagrancia, dificultando la captura de implicados en corrupción o crimen organizado, entre otros.

El primer paso real para devolverle la paz y la seguridad a la ciudadanía no es militarizar las calles, sino desmantelar el andamiaje legal que protege y beneficia a los criminales. Sin ello, la lucha contra el crimen será ineficaz.

Por: Luis Villanueva Carbajal
Secretario general FTCCP