En defensa de la vida, la paz y el trabajo

El 90% de los peruanos rechazan o desaprueban al Congreso de la República y al Ejecutivo, agobiados por la inseguridad de la extorsión, el asesinato de cinco personas al día, sin que el Ministerio del Interior atine a desarrollar estrategias para combatir a las bandas criminales y al crimen organizado.

El Gobierno persiste en zonas de emergencia, en lugar de invertir en inteligencia policial para capturar a los cabecillas de las bandas que asesinan a dirigentes, que incendian los vehículos de las empresas de transporte que no aceptan la extorsión, se ataca a colegios, comerciantes, bodegueros, constructores y a los peruanos en general.

Los transportistas luchan contra la violencia criminal, favorecida por la Ley 32108, anticonstitucional, que flexibiliza las penas contra el crimen organizado; una Ley hecha a la medida de algunos acusados de cuello y corbata. Para beneficiarse, han excluido más de 50 delitos.

Los paros y movilizaciones de setiembre y octubre han fortalecido la lucha contra la inseguridad ciudadana y por la derogatoria de la Ley del crimen organizado. El Congreso se niega a acatar el justo reclamo de millones de peruanos, porque erróneamente están defendiendo la impunidad.

El Ejecutivo, ha optado por reprimir y encarcelar a los que luchan contra la delincuencia criminal.

Se ha anunciado un paro nacional para los días 13, 14 y 15 de noviembre, que conduce el Comité de Transportistas del Perú, y más de 300 organizaciones sociales, estudiantiles y sindicales. El Gobierno anunció sacar de los cuarteles a cinco mil militares para garantizar el orden.

Es cierto que en esos días se realizará el Foro del APEC, y está previsto la inauguración del Puerto de Chancay, el más grande de Sudamérica en el Pacífico; la obra es un proyecto privado que promete transformar el desarrollo económico de Perú.

Es necesario dejar la intolerancia y la soberbia cuando se asumen cargos que emanan del voto popular. Por el Perú es necesario la acción conjunta y articulada de los Poderes del Estado, la ejecución de un Plan Integral contra la inseguridad ciudadana liderada por la Presidenta de la República