Hay inacción del Gobierno ante el mayor desborde criminal de nuestra historia

(10/09/2025) El Dr. Rubén Vargas, exministro del Interior, criticó la gestión gubernamental de la seguridad ciudadana, calificando la situación actual como "el mayor desborde criminal de toda nuestra historia".

En una entrevista para El Constructor, programa informativo de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), del 10 de setiembre de 2025, detalló que la violencia actual se diferencia de épocas pasadas y se alimenta principalmente de las economías ilegales —como la cocaína, la minería ilegal y el contrabando, que movilizan unos 15 mil millones de dólares anualmente— y de la violencia urbana, manifestada en extorsiones que usan sicarios para amedrentar a sus víctimas.

El exministro censuró la actitud del gobierno, describiéndola como "displicente, poco seria, hasta irresponsable". Recordó cómo el Ejecutivo anunció un "Plan Boluarte" que luego se desmintió, y cómo se ha reducido la estrategia de seguridad a "declaratorias de estados de emergencia como si fuesen una varita mágica", las cuales han fracasado.

Vargas enfatizó que estas medidas son una "premisa equivocada" porque el problema radica en las estructuras criminales invisibles, que requieren "inteligencia humana y electrónica y con un trabajo coordinado, articulado entre la policía especializada y la Fiscalía especializada" para ser combatidas. Lamentablemente, el Gobierno ha estado "actuando con muchísima complicidad, por acción, por omisión" frente a las economías ilegales, dijo.

También señaló un "ataque sistemático del Ejecutivo y de sus operadores al Ministerio Público", lo que debilita la capacidad de investigación y actuación judicial. Según su análisis, el gobierno está "dejando morir a la justicia la capacidad de investigación, dándole, lamentablemente herramientas y facilidades a la criminalidad".

Para revertir esta crítica situación, el Dr. Vargas planteó la necesidad de "ordenar la casa" en el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, recuperar el principio de autoridad, asignar "presupuestos frescos" y priorizar la inteligencia policial enfocada en el crimen organizado. Además, instó a fortalecer la colaboración entre el Ejecutivo y el Ministerio Público, revisar y derogar la legislación que favorece al crimen organizado —como la que ha debilitado la colaboración eficaz y la pérdida de dominio—, y establecer alianzas con operadores de telefonía y bancos para cerrar las vías de extorsión. Un punto crucial es controlar los penales, evitando que funcionen como lo que llamó los "call center de las extorsiones".

En cuanto al anuncio de la construcción del penal de El Frontón, el exministro lo tildó de "absolutamente irresponsable y demagógico", un acto "populista" que busca distraer. Propuso, en cambio, culminar los proyectos de ampliación de penales ya iniciados, como en Ica, que son "mucho más eficiente, menos costoso y probablemente si se quiere hacer, sería de ejecución inmediata". Subrayó que "tener el control de los penales es fundamental" para evitar escenarios como el vivido en Ecuador, donde las estructuras transnacionales tomaron el control de las cárceles.