Instituciones deben contribuir en reducción de brechas de infraestructura

De acuerdo al Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, la brecha de infraestructura en el Perú es de 110 mil millones de dólares, en el largo plazo, comprendiendo en este monto el acceso a servicios básicos.

Ni el presupuesto público de 2025, mayor a 67 mil millones de dólares, puede compararse con este monto, lo que nos brinda una idea de la brecha abismal que tenemos en infraestructura.

En este contexto, no podemos darnos el lujo de paralizar ninguna construcción. Por ello, respaldamos la sentencia del Tribunal Constitucional de fines de enero que declaró inconstitucional la ordenanza del municipio de Miraflores que paralizaba proyectos inmobiliarios con licencia en este distrito limeño.

Como se sabe, el municipio quiso evitar la construcción de viviendas sociales, marginando y perjudicando a quienes habían depositado su futuro y su dinero en estas edificaciones; así como a miles de trabajadores en construcción civil y de servicios conexos que se quedaron sin trabajo.

Hay proyectos de vivienda social en San Borja, Miraflores o San Isidro, desde hace muchos años; pero ahora es necesario construir más. La Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) calcula que en los próximos 20 años el Perú demandará más de 2 millones de viviendas. La demanda existe; si no apostamos por la construcción formal, alentamos la informalidad, el tráfico de tierras y las construcciones precarias que se caen con un temblor o un huaico.

Las instituciones deben ser aliadas del desarrollo y la reducción de brechas, incluyendo las brechas de infraestructura, por lo que hacemos un llamado a continuar con la reactivación de la construcción, sobre todo la que es de interés social.

Por: Luis Villanueva Carbajal