Derogatoria de Ley 31876 que frenó obras se logró con lucha unitaria

El Congreso de la República finalmente derogó la Ley N° 31876, que restringía la ejecución de obras por administración directa a las instituciones públicas, entre ellas los gobiernos regionales y locales, vulnerando su derecho a erigir obras fijando un tope de inversión de 50 UIT (S/ 247,500) y exigiéndoles, además, tener los títulos de propiedad de equipos y maquinarias necesarias para el trabajo, entre otros entrampamientos legales y administrativos.

Con la Ley se paralizó obras en ejecución, expedientes técnicos en evaluación, entre otros procesos administrativos que redundó en la ralentización de la construcción civil, ad portas del fenómeno del Niño y con una reconstrucción sin visos de final.

La derogatoria de la Ley N° 31876 se logró con lucha unitaria. La protesta de gobiernos regionales y locales no se hizo esperar, así como las movilizaciones de trabajadores afiliados a sindicatos de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) en todo el país, especialmente de la Macrosur. Ante ello, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, anunció que impulsaría la derogatoria de la ley que puso en riesgo el acceso de miles de obreros a puestos de trabajo; lo que se concretó este jueves 5 de octubre.

Por supuesto, es necesaria una medida que pueda garantizar la ejecución de obras a nivel nacional, con eficiencia y honradez; sin embargo, una ley de esta naturaleza no puede ser impuesta sin el consenso de los sectores afectados, entre ellos los trabajadores del sector construcción.

El Gobierno debe brindar asistencia técnica y ayudar a mejorar los procesos de construcción, fiscalizando su ejecución y respeto de los derechos laborales en el marco de la negociación colectiva del sector construcción. No debe plantear imposiciones legales que solamente responden a intereses empresariales.

Por: Luis Villanueva Carbajal
Secretario general FTCCP